Ante la noticia ya conocida y comentada que el Gobierno
español restringe a las personas inmigrantes el acceso a la tarjeta sanitaria, las declaraciones, los comentarios a favor y en contra
así como los debates se han multiplicado en las últimas horas en los medios de
comunicación.
Para el Gobierno español los recortes van
destinados, directamente y con prevaricación, a crear y acrecentar sistemas
vulnerabilizadores donde sólo los grupos con altos ingresos y con el apoyo de
la empresa privada puede hacer frente a la situación de crisis que
estamos viviendo. Frente a este panorama, el mensaje gubernamental es claro y
está siendo comunicado de forma reiterada en todas sus intervenciones: los
servicios públicos son deficitarios y son necesarias reformas estructurales
para mantenerlos. Y, apostillo, esas reformas-recortes responden a una política
neoliberalista que se considera como la única alternativa al mantenimiento de
nuestro maltrecho Estado de Bienestar. Pero, otras formas de abordar los
problemas los hay (echar
un vistazo a este libro¡¡).....pero no conviene plantearlas pues sólo
hay una única vía: los recortes. La pérdida de derechos de los trabajadores y
trabajadoras ya ha sido efectiva en la nueva reforma laboral pero el tijeretazo
a los derechos fundamentales de las personas tiene su representación en la
limitación al acceso a los servicios públicos básicos, entre ellos al sistema
de salud. El principio de universalización de la sanidad, recogida en nuestra
Constitución, se va difuminando poco a poco asentando el germen de la
desigualdad como principio constitutivo de la sociedad española. Hoy son las
personas inmigrantes pero, por desgracia (o por suerte....no se sabe), desmantelar
un sistema social y de derecho requiere de muchas reformas y recortes que nos
irán anunciando día sí, día no.
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